Fumigaciones a cultivos ilícitos generan controversia preelectoral en Colombia

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By Edelmiro De Jesús Franco V

BARRANQUILLA, Colombia – — Las fumigaciones a los cultivos ilícitos como parte de la política antidroga de Colombia forman parte de uno de los temas más polémicos en el debate de política nacional.

El país tendría elecciones presidenciales el 29 de mayo de 2022, y este tema sobresale en las campañas.

El presidente Juan Manuel Santos (2010–2018) suspendió las fumigaciones aéreas en mayo de 2015, bajo la sentencia T-080/17 de la Corte Constitucional, que dice, “El glifosato es una sustancia que tiene la potencialidad de afectar la salud humana como probable agente cancerígeno y, también, de forma muy peligrosa, el medioambiente”.

La dimensión del problema de las drogas y en particular de los cultivos ilícitos se refleja en el último informe de la Policía Antinarcóticos de Colombia, que registra un total de 142 mil 783 hectáreas para 2020, lo que significa que este país se mantiene como el primer productor de hoja de coca en el mundo.

De los 32 departamentos en Colombia, 20 se encuentran afectados por cultivos ilícitos. Cuatro de ellos representan el 70 por ciento de las siembras detectadas, de acuerdo con la Policía Antinarcóticos.

La Universidad de los Andes organizó el primer gran debate entre precandidatos a la presidencia de Colombia, el 21 de septiembre. Nueve dirigentes políticos que aspiran competir por la jefatura del Estado en los comicios en mayo participaron.

Los precandidatos que expusieron sus tesis para una política antidroga, en caso de llegar a la presidencia, fueron Alejandro Gaviria, Rafael Nieto, Camilo Romero, Gustavo Petro, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Roy Barrera, Jorge Echeverry y Juan Fernando Cristo.

“Los candidatos o precandidatos, hombres y mujeres, están teniendo el tema como el más importante en la agenda política actual”, dijo a Zenger el dirigente social Pedro Arenas, director de la Corporación VisoMutop.

De los nueve precandidatos, seis dijeron no a las aspersiones aéreas, y plantearon buscar otras fórmulas alternativas, mientras que tres señalaron la importancia de reactivar de nuevo las fumigaciones en los territorios marcados como “zonas de cultivos ilícitos”.

Algunos asocian “su programa más a la búsqueda de oportunidades agrarias o agrícolas para los productores campesinos en desmedro de la erradicación forzada. Otros piensan en planificar ese tipo de programas desde los territorios y no desde los escritorios en Bogotá. Otros plantean que lo que hay que hacer es legalizar, regular el mercado; obviamente eso tiene sus matices”, dijo Arenas.

Los precandidatos del partido de gobierno Centro Democrático, Paloma Valencia y Rafael Nieto, son partidarios de recuperar la aspersión aérea que se aplicó en este país con apoyo de Estados Unidos, bajo el programa denominado Plan Colombia (2000–2015), que fue la principal estrategia antidroga y contrainsurgente en todo el territorio nacional.

“Contra las estructuras criminales, tenemos que usar todo el paquete de lo que existe, porque esto es muy difícil de controlar: extradición, extinción de dominio para pegarles en las finanzas, destrucción de cristalizaderos y laboratorios”, dijo Valencia.

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien busca el aval del partido Conservador para los comicios de 2022, dijo que, “el glifosato no debe ser el núcleo de una política de drogas, pero se le debe mantener como una herramienta potencial de disuasión”, con el apoyo del Ejército como “una opción de última alternativa”.

Los otros seis precandidatos candidatos se oponen abiertamente a la aspersión aérea y se comprometen en mantener la erradicación voluntaria, con mayor presencia del Estado en los territorios mediante programas sociales.

“El glifosato es un fracaso, es un veneno y forma parte de la fracasada guerra contra las drogas; no al glifosato”, dijo el médico y senador Roy Barrera, precandidato por el movimiento Pacto Histórico.

La fumigación de “una hectárea con glifosato vale más o menos 350 millones de pesos hoy [92,936 dólares]. Con eso se pueden comprar las mejores tierras del país para esos mismos campesinos y se soluciona el problema”, dijo el aspirante de Colombia Humana, Gustavo Petro.

El 12 de abril, el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, expidió el decreto 330, en el que se plantea “la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método aspersión aérea”, como parte de la estrategia antidroga.

Sin embargo, el gobierno no puede poner en marcha las fumigaciones sin el aval de la Corte Constitucional, y el presidente Iván Duque dijo en una entrevista que, “Estamos trabajando para cumplir con el fallo de la Corte y esperamos que el alto tribunal nos provea de todas las herramientas para una efectiva lucha contra el narcotráfico”.

Arenas dijo a Zenger que más de 230 mil familias campesinas residen en los territorios con cultivos ilícitos y viven de esta actividad de forma directa, y cada núcleo familiar tiene entre cuatro y cinco integrantes, lo que representa un millón de personas de todas las edades.

El economista Jairo Parada dijo a Zenger que, “el [narco] tráfico no se va a resolver con el tema de la fumigación. Se fumiga en una parte y los campesinos se desplazan a otro, ya eso ocurrió en el pasado. Ellos van tumbando monte y van colonizando otra área para su producción”.

Parada dijo que el problema del narcotráfico, y en particular de las fumigaciones, no se resuelve con “soluciones rápidas y de corto plazo”. Es un tema que se debe abordar con medidas de mediano y largo plazo, porque Colombia es el primer productor de coca en el mundo.

“No es que los colombianos seamos corruptos. Esto se debe fundamentalmente a la debilidad del Estado colombiano en los territorios. No hay presencia del Estado, no hay educación, no hay salud. Entonces, estratégicamente se tiene que hacer con desarrollo social y productivo.  Esto es duro, es complicado, no es fácil, pero se tiene que hacer”, dijo el académico.

La alternativa, dijo Parada, es hacer programas de “sustitución voluntaria de los cultivos ilegales y también de sustitución forzada cuando sea necesario, pero sin fumigación, y son programas que cuestan menos que la fumigación. Esto está probado en documentos; el valor en dólares que cuesta una fumigación es un gran negocio”.

El economista Jairo Parada dice que, “los carteles de la coca colombiana solamente controlan la producción doméstica, mientras que los carteles americanos controlan la distribución”. (Cortesía de Jairo Parada)

Fracaso de la lucha antidroga 

El director de la Escuela contra la Drogadicción, el sociólogo Fabio Villa, dijo a Zenger que las estrategias de la lucha antidroga en el mundo han fracasado. Es una “guerra perdida en el mundo, y Colombia no es la excepción”.

Dice que la producción de los insumos para las drogas blancas sigue en aumento, y “lo más grave es que se viene remplazando por insumos sintéticos, y ya no estamos hablando de plantas, porque en el mundo se está produciendo cannabis y coca sintética”.

Agrego, “No hay duda [de] que las consecuencias humanas de la lucha contra las drogas son terribles, y más para países como Colombia, incluso para Estados Unidos. Esta guerra contra las drogas genera muertos y más muertos, corrupción; es narco político, transgresión de todos los valores éticos, valores morales en el manejo de los temas públicos y ciudadanos. Es un balance totalmente negativo”.

El director de la Escuela contra la Drogadicción, Fabio Villa, dice que luchas antidrogas en el mundo han fracasado. (Cortesía de Fabio Villa)

Villa dice que el tema del consumo también es preocupante porque, según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) realizada en 2019, para el caso de las sustancias psicoactivas (SPA) ilegales, la prevalencia de consumo alguna vez en la vida va en aumento en la población colombiana.

Colombia carece de política de Estado en la lucha antidroga 

Arenas dijo que Colombia carece de una política integral de Estado para luchar contra el narcotráfico. Cada gobierno plantea su propia estrategia: Plan Nacional de Rehabilitación (PNR, 1982), Red de Solidaridad Social (1994), Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE, 1996), Familias Guardabosques (1999), cada una integrada a la estrategia del Plan Colombia, desarrollado con apoyo de Estados Unidos.

En 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), como parte del Acuerdo Final de Paz con las guerrillas de las FARC-EP, firmado en noviembre de 2016.

“El Gobierno se compromete a crear y poner en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ­(PNIS), con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos”, dice el decreto 896 de la Presidencia de Colombia.

El gobierno de Duque (2018–2022) puso en marcha Ruta Futuro, con cinco ejes: disminuir el consumo de drogas mediante la prevención y la atención; atacar la oferta de drogas; desarticular las organizaciones criminales; afectar las economías y rentas del crimen organizado; y transformar los territorios en el tránsito hacia las economías lícitas.

Un nuevo gobierno en Colombia debe “respetar la secuencia correcta o secuencia de vida que es un principio rector del desarrollo alternativo adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2014 … Esta secuencia correcta está en el Acuerdo de Paz”, dijo Arenas.

“Si el siguiente gobierno respeta esa secuencia, que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, se daría un paso adelante muy interesante en materia de derechos para las comunidades”.

Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas



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